EXHORTAN A PLENO DEL CONGRESO A DEROGAR DECRETOS INCONSTITUCIONALES

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) saluda que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República haya recomendado la derogación de diversos artículos cuestionados en los Decretos Legislativos 982, 983 y 989 promulgados por el Poder Ejecutivo en julio de 2007, porque constituyen serios peligros para los derechos humanos.

“Esperamos que esta posición sea reafirmada por el Pleno del Congreso ya que estos decretos legislativos son inconstitucionales, a la vez que exceden las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo para su aprobación”, señaló Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos y Culturales de DESC-APRODEH.

Cabe recordar que con el respaldo de más de 6500 firmas, el 21 de abril, APRODEH, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional de Comunidades Campesinas del Perú (CONCACAMI) presentaron ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra los citados Decretos Legislativos y también contra el Decreto Legislativo 988, que amplía el plazo de incomunicación del detenido hasta por 10 días.

Se recuerda que el Decreto Legislativo 982 otorgaba inimputabilidad a policías y militares que hirieran o mataran civiles y sancionaba hasta con 25 años de prisión el bloqueo de carreteras como si fuera un acto de extorsión. De hecho, las protestas sociales eran consideradas formas de extorsión e inclusive declaraba la inhabilitación de las autoridades que apoyaran huelgas. El Decreto Legislativo 983 desnaturalizaba la figura de flagrancia y el 989 ampliaba la detención preventiva hasta seis años, entre otros señalamientos.

Por lo expuesto, estas normas contravenían la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Por eso exhortamos a que se restituya la legalidad y la actuación apropiada del Estado”, concluyó Ardito.

Lima, 4 de junio de 2008

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